A partir del 1 de enero de 2024, la ley federal — Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) — requiere que ciertas entidades, incluidas muchas pequeñas empresas, reporten información sobre las personas que en última instancia poseen o controlan dichas entidades (también conocidas como “propietarios beneficiarios”) a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Un requisito normativo separado ya exige que muchas instituciones financieras recopilen información sobre los propietarios beneficiarios de ciertos clientes que buscan abrir cuentas, como parte de los requisitos federales de debida diligencia del cliente. La obligación de la CTA de que las entidades reporten información a FinCEN permite que FinCEN proporcione esa información a las agencias de cumplimiento de la ley y otras agencias gubernamentales, así como a ciertas instituciones financieras. Las agencias e instituciones autorizadas para recibir esta información pueden utilizarla para varios propósitos específicos, principalmente para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que involucran a empresas fantasma. Por otro lado, los requisitos de recopilación de información sobre propietarios beneficiarios para las instituciones financieras están diseñados principalmente para asegurar que dichas instituciones conozcan a sus clientes y, de esta manera, evitar que sus servicios sean utilizados para facilitar actividades ilícitas. 

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